La fiscalización estatal sobre la actividad pesquera argentina cayó un 25 por ciento entre 2023 y 2025, pese a que las exportaciones del sector alcanzaron los 2.010 millones de dólares durante el último año, el segundo mejor registro histórico. Así lo reveló un informe del Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, que advierte sobre el deterioro de los controles públicos y la falta de transparencia en la explotación de los recursos marítimos.
El relevamiento, elaborado a partir de información oficial de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, señala que la proporción de viajes pesqueros con inspectores embarcados pasó del 20 por ciento en 2023 al 15 en 2025, porcentaje que permaneció sin modificaciones durante el primer semestre de 2026. Actualmente, existen apenas 64 inspectores para supervisar más de 7.400 viajes anuales, lo que representa una carga de 116 operaciones por trabajador, más del doble que en 2021.
Las mayores deficiencias aparecen precisamente en las actividades de mayor importancia comercial. En la pesca de calamar Illex, principal producto exportado en volumen durante 2025, solamente el 9 por ciento de las operaciones contó con supervisión presencial. En el caso del langostino y la merluza, la cobertura rondó el 20 por ciento.
La situación también evidencia incumplimientos normativos. Aunque la legislación exige inspectores en todas las embarcaciones de 33 metros o más, entre 2023 y 2026 la cobertura nunca superó el 56 por ciento. A esta deficiencia se agrega que el sistema de cámaras de vigilancia establecido en 2010 nunca llegó a funcionar.
“Mientras el sector pesquero exporta más que nunca, el Estado controla cada vez menos”, cuestionó Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, quien también denunció las restricciones para acceder a información sobre las empresas que explotan los recursos marítimos.
El documento advierte que las autoridades modificaron los criterios de registro estadístico, dificultando las comparaciones históricas y la evaluación independiente de los controles.
Frente a este escenario, las organizaciones reclamaron ampliar la cantidad de inspectores, priorizar las actividades de mayor volumen y riesgo, y garantizar el acceso público a los permisos pesqueros. La preocupación central es que el crecimiento exportador avance acompañado de una menor capacidad estatal para controlar la explotación de recursos naturales que pertenecen al conjunto de la sociedad.
FUENTE: PAGINA 12
