La reacción británica llega después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar, con el objetivo explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Ahí operan, en principio, la empresa israelí Navitas Petroleum, y la británica Rockhopper Exploration, que se preparan para estar extrayendo petróleo por primera vez en 2028.
Milei amenazó el lunes al Reino Unido con ir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar si en dos semanas las empresas que operan en las islas no cesaban sus actividades, una medida que muchos académicos reclamaban desde hace tiempo, pero cuya eficacia, al igual que las sanciones, es debatible.
Ese lunes, mientras Milei y su equipo preparaban el viaje de inversiones a París de esta semana, unas 40 empresas de las Islas Malvinas y Chile desafiaban el esquema de sanciones contra las compañías que operen en el archipiélago. Las mismas fueron acogidas en un gran Showroom en Punta Arenas, el bastión político y económico de los isleños en el país trasandino que busca prepararse para el “boom petrolero” de sus amigas, a las que llaman Falklands, la toponimia británica.
De hecho, en el comunicado del lunes el Gobierno argentino también denunció de forma poco clara que una empresa aérea británica hizo vuelos sin permiso entre Punta Arenas y Mount Pleasant, la titánica base de las Islas Malvinas, que además de controlar el Atlántico Sur para Londres, hace de aeropuerto internacional del archipiélago. Hablaron de la empresa Thales UK Limited, que no habría sobrevolado el territorio argentino continental. Pero en otras situaciones, ni la Rosada ni Cancillería fueron claras a qué vuelos se referían.
Por su otra parte, las declaraciones de Kumaran y la protesta a la embajadora Plaza -quien curiosamente con la ex canciller Diana Mondino y después con Pablo Quirno exploraron una política de acercamiento a Londres por completo contraria a la dureza de Milei y su canciller ahora bajo la batuta comunicacional del asesor Santiago Caputo-tiene como tienen también su contexto.
Por un lado, Donald Trump presionó al gobierno de Andy Burnham -a quien elogió finalmente y mucho en el encuentro que mantuvieron en un apartado de las Naciones Unidas- con declaraciones ambiguas sobre Malvinas. El republicano dijo varias veces meses y semanas atrás que podría cambiar la neutralidad de Estados Unidos sobre el conflicto de soberanía por Malvinas, favoreciendo la Argentina. Buscaba que Londres aumente su gasto en Defensa, y lo ayude como aliado, algo que empezaron a debatir los británicos.
A su vez, después de la amenaza de Milei de recurrir a la CONVEMAR y al Tribunal Internacional del Mar, Navitas y Rockhopper -que volvió a ratificar en las últimas horas que avanzarán con su proyecto en Malvinas- se mostraron nerviosas.
Tanto es así que recurrieron a Ed Miliband, el canciller. Según informó el diario The Telegraph este miércoles, ambas petroleras le reclamaron al Ministerio de Asuntos Exteriores británicos (el Foreign Office) .
“Estamos trabajando en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y mantenemos un contacto muy estrecho con el gobierno de las Islas Falkland”, declaró un portavoz, de las empresas a las que las autoridades de Malvinas le acaban de extender sus licencias para operar por siete años más
“Instamos al Ministerio de Asuntos Exteriores a que responda adecuadamente a las amenazas ilegítimas de Argentina contra las empresas y los particulares de las Islas Falkland y del Reino Unido, mientras continuamos desarrollando el proyecto y nos aseguramos de que siga su curso.”
Kumaran afirmó que los habitantes de las islas “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción o interferencia” de terceros.
