El metro fue el escenario del primer capítulo de las masivas protestas de 2019 que marcaron el comienzo de un nuevo rumbo en la historia de Chile. De forma multitudinaria estudiantes secundarios y universitarios evadieron el pago del pasaje del sistema de transporte.

Un acto de rebeldía en contra de la subida de los precios del billete del metro en 30 pesos chilenos, unos tres centavos de dólar, que desencadenó las manifestaciones más grandes en la historia de Chile. Y asimismo le abrió paso a la redacción de una nueva Constitución del país.

Su camino ha sido largo y complejo. Comenzó como una manera de apaciguar el descontento social, pero desde entonces se ha enfrentado a múltiples crisis y reveses. Al mismo tiempo, ha dejado imágenes de un país que clama por transformaciones estructurales y señala algunas de sus deudas históricas.

El domingo se sellará el capítulo final, cuando los chilenos acudan a las urnas a decidir si aprueban o rechazan el texto de la nueva Carta Magna, y así determinarán el desenlace de la larga trama del proceso constituyente del país latinoamericano.

Un reclamo multitudinario de cambio

El 10 de noviembre de 2019 el expresidente Sebastián Piñera ratificó el comienzo de un proceso para que Chile pudiera tener una nueva Constitución. El texto permitiría reemplazar la Carta Magna de 1980 que se estableció durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Una medida de grandes dimensiones tomada por el exmandatario luego de que sus anteriores respuestas a las movilizaciones que se extendieron por todo el país durante casi un mes no acabaran con el descontento colectivo.

Poco tiempo después de que los estudiantes comenzaran a reclamar por la subida de los precios en el pasaje del metro, Piñera había decretado el Estado de emergencia en el país, al mismo tiempo que el toque de queda. Incluso había echado para atrás el alza en los precios en el sistema de transporte que habían detonado el malestar en la sociedad chilena.

Pero el movimiento ya tenía piernas propias, al mismo tiempo que desde las calles retumbaba un pedido de reformas estructurales. A pesar de la represión policial que dejó 2.825 víctimas y al menos 34 fallecidos, los chilenos continuaban alzando sus voces de protesta.

Así, el 25 de octubre quedaría marcado en la historia del país como el día en que se presentaron las movilizaciones multitudinarias en la capital chilena. Santiago, presenció cómo se encontraban al menos un millón de personas para expresar no solo el descontento con el Gobierno de Piñera sino con el sistema político y social del país que, aseguraban, había dejado grandes brechas y heridas en la sociedad chilena.

Solo la promesa de una nueva Constitución calmó los ánimos de un país que pedía cambio. Una promesa que no solo significaba abarcar los pedidos que se habían escuchado en las calles, sino que para muchos era sinónimo de dejar atrás un modelo heredado del régimen pinochetista.

El primer paso: un plebiscito acordado por el Gobierno y varios sectores de la oposición para que la ciudadanía pudiera elegir si aceptaban o no la redacción de una nueva Constitución.

Un primer “sí” a la nueva Constitución

La pandemia del Covid-19 se interpuso entre los chilenos y las urnas. El plebiscito previsto para abril de 2020 se celebró seis meses después. Y a pesar de las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria el 26 de octubre marcó un hito en la historia del país.

Por primera vez, los chilenos decidían si aprobaban o rechazaban la redacción de una nueva Carta Magna. Un escrutinio a la que acudieron masivamente.

Luego de que las pantallas mostraran puestos de votación atestados, pasaron a dar a conocer que más de 78% de la población votó por el cambio de la Constitución. Además, Chile debía elegir qué tipo de órgano sería el encargado de redactarla. Con más de 79% de los votos se impuso la opción de una Convención Constitucional sobre una Convención Mixta, que estipulaba que estuviera constituída por 50% de representantes votados por la ciudadanía y otro 50% de miembros del Congreso.

Los chilenos optaron, más bien, por una Convención conformada únicamente por representantes civiles y marcaron un paso inédito no solo en el país sino a nivel mundial al tratarse de un equipo de carácter paritario.

Chile elige a los encargados de la redacción

Una nueva cita con las urnas llegó el 15 y 16 de mayo de 2021. En la votación destinada a escoger los nuevos gobernadores regionales, alcaldes y concejales, los chilenos también eligieron 155 personas encargadas de redactar la Carta Magna. Un grupo que debía estar conformado por la misma cantidad de hombres y de mujeres, y que además tenía 17 escaños reservados para representantes de pueblos indígenas.

El resultado de los candidatos de las listas independientes fue la gran sorpresa. Los chilenos decidieron que casi un tercio de los puestos fueran personas que no militaban en partidos políticos.

Además, las dos listas de la oposición, “Apruebo Dignidad” y “Lista del Apruebo” se llevaron 53 escaños.

La derecha oficialista, por su parte, salió debilitada. “Vamos por Chile”, la lista del presidente Sebastián Piñera solo consiguió llevar a 37 constituyentes.

Un giro a la izquierda y centroizquierda que luego se vería reiterado con la elección de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil, como presidente.

Simbolismos, cambios y extensiones: el periplo de la escritura del nuevo texto

El comienzo de las actividades de la Convención Constituyente estuvo cargado de simbolismo. Los 155 miembros del organismo eligieron a Elisa Loncón, una mujer indígena de 58 años, para presidir la escritura de la Constitución.

Activista mapuche y profesora, Loncón mandó un determinante mensaje a Chile al ser posesionada: “Agradecerles el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación Mapuche, para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país”.

Así, la Convención comenzaba un proceso de escritura que debía durar un año. Sin embargo, en marzo de 2022 y por una medida aprobada por la mayoría del órgano obtuvo un plazo de tres meses más para redactar el documento.

Pero el organismo no estuvo exento de polémicas. Una de las más sonadas fue aquella que rodeó a uno de los vicepresidentes de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas.

Rojas había basado toda su campaña para ser elegido en las grietas del sistema de salud del país a través de su experiencia de paciente con cáncer. Aseguraba que se encontraba endeudado debido a los tratamientos a los que había tenido que acceder. Pero dos meses después de comenzar sus labores, tuvo que renunciar a su cargo por haber fingido padecer la enfermedad.

El caso particular de Rojas mostró deficiencias en la concepción misma del organismo, según afirma el sociólogo y fundador de la plataforma Monitor Social, Pablo Beytía, para France 24, “había cosas que no estaban reglamentadas, se producían este tipo de problemas donde lo más razonable era expulsarlo inmediatamente pero no existía una norma para eso”.

Así, el optimismo con la Convención Constituyente comenzó a nublarse, a lo que se sumó las denuncias de que se estaba favoreciendo intereses particulares.

“Cuando se empezó el proceso de la Convención Constituyente, chilenos y chilenas estaban a la expectativa de que iba a estar a la altura y que iba a ser neutral. Pero a medida de que se fue avanzando, se fue contaminando por una serie de escándalos por partes de algunos convencionales y esto dio señas a la sociedad chilena de que el proceso no estaba a la altura. Todo lo contrario, varios de esos proyectos y de las iniciativas estaban teniendo una tendencia particularista y que se estaban llevando a intereses propios”, asegura para France 24 Germán Campos-Herrera, Investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales de Chile.

Lo mismo cree Beytía: “el proceso fue bastante conflictivo, bastante de bandos y poco estar velando por un interés global, el proceso en sí favorecía el conflicto”.

En enero, el organismo cambió de presidenta nombrando para el cargo a María Elisa Quinteros, dentista de profesión y doctora en Salud Pública. Y bajo su dirección la Convención terminó la escritura del texto. Un documento que cuenta con 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

La Constitución llega a manos de Gabriel Boric

La imagen del presidente más joven de Chile, izquierdista y exlíder estudiantil sosteniendo el texto de la nueva Constitución del país caldeó los ánimos en el país. Para muchos significaba el resultado de las protestas de 2019, mientras que otros manifestaban la exclusión de una parte de la población en el nuevo texto.

El 4 de julio Boric sentenció: “Hoy es un día que quedará en los anales de la patria (…) Hoy empezamos una nueva etapa, se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy se entrega al país”.

De las manos del presidente, el documento pasó masivamente a la de los ciudadanos. Llegó por medios físicos, virtuales e incluso fue vendido por kiosqueros y comerciantes ambulantes.

El texto se desliga en muchos aspectos de la Constitución de 1980. Define a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, además reconoce su carácter plurinacional, a diferencia de la anterior Carta Magna. Al mismo tiempo, estipula que el Estado debe velar por la paridad de género. Menciona al medio ambiente como sujeto de derechos y establece una modificación en el sistema político. La principal de ellas es la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones.

Un país dividido en la recta final

“Apruebo” y “Rechazo”. Los partidarios y detractores de la propuesta de la nueva Constitución en Chile llevaron una fuerte campaña en miras del plebiscito de este domingo.

Unas iniciativas que han chocado incluso en las calles de Santiago, con enfrentamientos y disturbios.

Las últimas encuestan, antes del silencio electoral, daban al “Rechazo” como vencedor por cerca de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, los expertos alertan de que importará el voto de los indecisos y también será determinante que sea un sufragio de carácter obligatorio, el primero de ese tipo en años en Chile.

Y aunque es el punto final del proceso constituyente, el resultado del plebiscito abre otro camino en la historia chilena. Cualquiera de los dos está cargado de incertidumbre. De ganar el “Apruebo”, asegura Beytía “está el desafío de la implementación, el desafío de la inestabilidad porque hay muchas leyes, como los derechos del agua, que deja en incertidumbre a la agricultura completa.”

Mientras que Campos-Herrera, señala que “desde el oficialismo se ha acordado que si gana el “Apruebo” se generarán otro tipo de reformas pero que obviamente se rescatarán lo mejor de este proyecto de Convención Constitucional”.

El escenario del triunfo del “Rechazo” es otro. “No sabe exactamente qué va a pasar. Lo que yo creo que es más probable es que se inicie un nuevo proceso institucional para una nueva Convención”, sentencia Beytía.

Por su parte, Campos-Herrera afirma que hay tres escenarios probables desde la derecha: “Que se genere una nueva Convención, que haya una comisión de expertos o incluso delegar al mismo Congreso”. Sin embargo, concluye que “no hay una propuesta unificada por parte de ese sector”.

FUENTE: FRANCE24